El acto de corrupción en el club catalán empezaría a generar los primeros estragos con miras a la siguiente temporada.
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Un nuevo cimbronazo para el FC Barcelona. Cuando parecía que, después de una nueva eliminación europea contra el Manchester United, nada podría ir peor, la situación del cuadro ´Culé´ se agudizó luego de la denuncia de la Fiscalía contra los catalanes este viernes.
Ante el Juzgado número 1 de Barcelona, la Fiscalía, en su denuncia, ha confirmado que el FC Barcelona realizó pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira, por 7.3 millones de euros desde el año 2001 hasta el 2018, año en que las transacciones se dejaron de efectuar debido a que Negreira fue relevado del cargo de vicepresidente del CTA, apenas dos meses antes del último de los desembolsos.
En los pagos realizados, figuran los conceptos de “asesoramiento de videos técnicos”. En casos puntuales, en los cuales figuran cantidades más elevadas, el concepto varía a “grabación de partidos y visionado de (competición)”.
La Fiscalía define al FC Barcelona como persona jurídica y le atribuye el delito continuado de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo. La investigación incluye a dos expresidentes: Sandro Rosell (2010-2014) y Josep Maria Bartomeu (2014-2020). Además, el ministerio público ha solicitado la declaración, como testigos, de dos expresidentes más: Joan Gaspart (2000-2003) y Joan Laporta (2003-2010), actual presidente del club.
Según Marca, “la UEFA podría considerar, sin esperar a sentencia o a que se llegue a probar la injerencia deportiva de lo denunciado, que la reputación de la competición quedaría dañada por la simple presencia del equipo catalán en base al artículo 4 del reglamento de la competición». Es decir, la participación del club blaugrana, a pesar de ser el líder en solitario de La Liga, en Champions corre serio peligro.
Asimismo, el reglamento indica que la sanción solo puede ser “efectiva por una temporada” y que la UEFA puede basarse en “la decisión de un organismo deportivo nacional o internacional, un tribunal arbitral o un tribunal estatal, pero no está obligada a ello”.
Por ahora, oficialmente, el máximo organismo del fútbol europeo solo le ha solicitado información al departamento de Integridad a la Federación Española de Fútbol.
